Fuentes registrales y documentos analizados
Nuestra revisión legal se caracteriza por la exhaustividad y profundidad del análisis documental. Consultamos múltiples fuentes oficiales para construir un panorama completo de la situación jurídica de cada propiedad:
- Derechos Reales: Verificación del folio real y matrícula actualizada, revisando historial de propietarios, transferencias, planos aprobados y gravámenes registrados.
- Registro catastral municipal: Comprobación del registro en catastro, código catastral, pagos de impuestos y tasas vigentes, y compatibilidad con usos permitidos.
- Documentación notarial: Análisis de escrituras de transferencia, poderes, actas de asambleas (en caso de propiedades en régimen de propiedad horizontal) y cualquier otro documento que afecte a la titularidad.
- Registros de gravámenes y cargas: Investigación detallada de hipotecas, embargos, prohibiciones de enajenar, anotaciones preventivas, servidumbres y otros derechos reales limitados.
- Situación fiscal: Verificación de deudas pendientes por impuestos a la propiedad, tasas municipales, servicios públicos y contribuciones especiales.
- Títulos colectivos: En zonas rurales o periurbanas, investigamos la existencia de títulos comunitarios, derechos originarios o servidumbres colectivas que pudieran afectar la propiedad.
Para propiedades en régimen de propiedad horizontal, extendemos nuestro análisis a:
- Documento de división horizontal y estatutos de la comunidad
- Actas de la comunidad de propietarios de los últimos cinco años
- Estado de deudas con la comunidad y proyectos aprobados pendientes de ejecución
- Licencias y permisos para áreas comunes
Cómo interpretamos los hallazgos y el proceso de recomendación legal
Más allá de la simple recopilación de datos, nuestro valor añadido reside en la interpretación jurídica especializada de los hallazgos y en la elaboración de recomendaciones prácticas que protegen los intereses de nuestros clientes:
- Análisis de riesgo legal: Clasificamos cada hallazgo según su nivel de riesgo (alto, medio, bajo) considerando su impacto potencial en la titularidad, valor y uso de la propiedad.
- Valoración de contingencias: Evaluamos el impacto económico aproximado de las contingencias detectadas, permitiendo al cliente dimensionar adecuadamente cada situación.
- Evaluación de subsanabilidad: Determinamos si los problemas detectados son subsanables, el tiempo estimado y complejidad del proceso de regularización.
- Estrategia de mitigación: Proponemos alternativas concretas para gestionar o eliminar los riesgos identificados, desde garantías contractuales hasta procesos de regularización.
Ante riesgos detectados, nuestro proceso de recomendación legal sigue estos pasos:
- Identificación precisa del problema: Definimos con claridad la naturaleza y alcance de cada contingencia.
- Análisis normativo aplicable: Determinamos qué leyes, reglamentos y jurisprudencia afectan el caso específico.
- Propuesta de soluciones escalonadas: Presentamos opciones de actuación ordenadas por eficacia, coste y tiempo de implementación.
- Ruta crítica para regularización: Establecemos una secuencia clara de acciones, plazos estimados y responsables recomendados para cada gestión.
- Prevención futura: Incluimos recomendaciones para evitar la repetición de situaciones similares en el futuro.
En casos complejos, podemos complementar nuestro informe con consultas especializadas a notarios, registradores o funcionarios municipales para confirmar la viabilidad de las soluciones propuestas.
Nuestro informe legal no solo identifica problemas, sino que ofrece un camino claro para resolverlos, permitiendo que nuestros clientes tomen decisiones informadas con pleno conocimiento de las implicaciones jurídicas asociadas a cada propiedad.
